Administración Trump evalúa adquirir participación accionaria en OpenAI

Qué pasó

El viernes 6 de junio, el presidente Donald Trump señaló públicamente que ha sostenido diálogos con ejecutivos del sector de inteligencia artificial con el propósito de estructurar acuerdos que permitan a la población estadounidense beneficiarse del éxito de la industria. Si bien el Mandatario no mencionó empresas específicas en sus declaraciones, OpenAI aparece como la candidata más probable a una operación de esta naturaleza.

Según reportó CNBC, la administración Trump ha discutido activamente la posibilidad de adquirir una participación accionaria en la empresa desarrolladora de ChatGPT. Una porción de dicho paquete accionario se destinaría a nutrir un instrumento financiero bautizado como Fondo de Riqueza Pública, una figura recientemente propuesta por OpenAI. La empresa plantea que los recursos generados podrían distribuirse de manera directa a los ciudadanos, lo que permitiría una participación más amplia en el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial, sin distinciones de patrimonio o acceso a capital.

Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, Trump sostuvo que ha conversado con ejecutivos del sector sobre conceptos mediante los cuales piezas de las compañías podrían entregarse al público, configurando una suerte de asociación entre los ciudadanos y las firmas tecnológicas. De forma paralela, Bloomberg informó que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, viene analizando la idea de una participación estatal en las grandes compañías de inteligencia artificial desde inicios de 2025.

La propuesta se inscribe dentro de un interés más amplio de la administración Trump en participar accionariamente en empresas de carácter privado. El precedente más relevante es la adquisición de una participación del 10% en el fabricante de chips Intel, concretada el año pasado. La operación fue interpretada como un salvavidas financiero para una compañía que enfrentaba serias dificultades operativas y competitivas.

En el espectro político opuesto, el senador Bernie Sanders presentó esta semana una iniciativa de impuesto único del 50% a las compañías del sector, incluyendo OpenAI, Anthropic y xAI (filial de SpaceX), pagadero en acciones. Sanders argumentó que la medida permitiría que la ciudadanía tenga un rol directo en la configuración del futuro tecnológico y que los eventuales billones de dólares generados se traduzcan en mejoras concretas para la población.

Contexto

El debate sobre la participación estatal en empresas tecnológicas de gran escala ha cobrado fuerza a nivel global, en la medida en que los modelos de inteligencia artificial exigen niveles de inversión que superan con creces las capacidades de financiamiento tradicionales. OpenAI, valorada en cientos de miles de millones de dólares, requiere infraestructura de cómputo intensiva, talento altamente especializado y alianzas estratégicas que sólo un puñado de actores puede sostener en el tiempo.

En este escenario, la relación entre gobiernos y gigantes tecnológicos ha mutado de manera significativa. La adquisición de la participación en Intel constituye un punto de inflexión, al establecer un precedente de intervención directa del Estado en la estructura de capital de compañías líderes. Adicionalmente, los compromisos de gasto en infraestructura de inteligencia artificial, en el marco del programa Stargate, han consolidado un modelo en el cual el sector público asume un rol de socio estratégico de la industria.

El concepto de Fondo de Riqueza Pública propuesto por OpenAI evoca el mecanismo aplicado por fondos soberanos en países productores de materias primas, donde los excedentes se distribuyen a la población. Sin embargo, su implementación en una economía digital plantea interrogantes sobre valoración, gobernanza y sostenibilidad. La propuesta del senador Sanders, en tanto, recoge una preocupación creciente en distintos sectores políticos respecto del riesgo de concentración de riqueza derivada del desarrollo de inteligencia artificial.

Desde una perspectiva de mercado, la eventual salida a bolsa de OpenAI, Anthropic y xAI, prevista para el presente ejercicio, abre una ventana inédita para la estructuración de instrumentos financieros que incorporen al Estado como accionista. La figura de David Sacks, quien recientemente dejó su cargo de zar de inteligencia artificial y criptomonedas, advierte sobre los riesgos de una fusión acelerada entre corporaciones y aparato estatal, una dinámica que, según el exfuncionario, ya se encuentra en curso.

Impacto para empresas chilenas

Para el ecosistema tecnológico chileno, el escenario descrito en Estados Unidos reviste relevancia por varias razones. En primer lugar, Chile ha posicionado a la inteligencia artificial como una prioridad estratégica dentro de su agenda de transformación digital, y los movimientos de los actores globales marcan la dirección regulatoria y de inversión que posteriormente se replica en mercados emergentes.

Las empresas chilenas proveedoras de servicios de inteligencia artificial, así como las firmas de consultoría y desarrollo de software, observan con atención la evolución de estos acuerdos. Una mayor intervención estatal en la estructura accionaria de gigantes del sector podría traducirse, en el mediano plazo, en cambios en los modelos de licenciamiento, acceso a modelos fundacionales y disponibilidad de infraestructura de cómputo, elementos críticos para la operación de las pymes tecnológicas locales.

Asimismo, el debate en torno a la distribución de la riqueza generada por la inteligencia artificial instala una pregunta relevante para países como Chile, caracterizados por altos niveles de desigualdad. La eventual creación de fondos de riqueza tecnológica o mecanismos de participación ciudadana en el valor generado por la IA podría convertirse en un referente para discusiones de política pública en la región, particularmente en lo que respecta al uso de impuestos específicos al sector.

Para el sector financiero chileno, en tanto, la inminente apertura a bolsa de compañías como OpenAI representa una oportunidad de diversificación de portafolios institucionales. Fondos de pensiones y administradoras locales, históricamente restringidos a instrumentos de menor riesgo, podrían eventualmente acceder a participaciones en estas emisiones en la medida en que la regulación vigente lo permita y existan vehículos de inversión adecuados.

Qué sigue

En el corto plazo, será determinante si la administración Trump formaliza las conversaciones con OpenAI o si la operación queda circunscrita al ámbito de las declaraciones. Una eventual materialización de la participación accionaria requeriría un proceso de due diligence, definición del porcentaje a transferir y aprobación por parte de los órganos de gobierno corporativo de la empresa.

En el plano regulatorio, la propuesta del senador Sanders introduce una variable política que podría alterar el calendario y la estructura de las próximas aperturas bursátiles del sector. La reacción de los mercados y de los principales inversionistas institucionales será clave para evaluar la viabilidad de mecanismos que combinen propiedad estatal y cotización pública. De forma paralela, la discusión sobre gobernanza, transparencia y uso de los recursos generados promete mantenerse en el centro del debate público durante el segundo semestre del año.