California extiende su programa de créditos de carbono vinculado al estiércol bovino pese a cuestionamientos técnicos

Qué pasó

El sistema opera bajo el Estándar de Combustibles Bajos en Carbono (LCFS, por su sigla en inglés) de California. La regulación climática estatal exige a las industrias de combustibles de transporte reducir los niveles de dióxido de carbono de sus productos a lo largo del tiempo o, alternativamente, adquirir créditos a terceros que reduzcan emisiones, incluidos los productores lecheros.

Las explotaciones lecheras habitualmente rocían el estiércol del ganado en grandes lagunas abiertas, donde microorganismos descomponen la materia orgánica y generan metano como subproducto. Cuando los productores instalan digestores anaeróbicos, los residuos se redireccionan a recintos cerrados que capturan el biogás, el cual puede convertirse en gas natural e inyectarse en un gasoducto para alimentar vehículos o generar electricidad.

En cualquiera de los dos usos, las empresas petroleras pagan a los agricultores por los créditos LCFS para cumplir con sus obligaciones regulatorias sin reducir directamente las emisiones de sus propios combustibles. La quema del biogás libera dióxido de carbono, pero la lógica del programa es que se reduce la demanda de extracción de gas natural y se evita la liberación de metano, un gas de efecto invernadero considerablemente más potente.

California asume que el metano ejerce aproximadamente 25 veces el efecto de calentamiento del dióxido de carbono en un horizonte de cien años. Según el economista Aaron Smith, investigador de la Universidad de California en Berkeley, agregar un vehículo promedio propulsado por biogás a la flota generaría créditos LCFS suficientes para cubrir los déficits de 26 vehículos similares a gasolina.

En 2024, los reguladores estatales decidieron extender componentes del programa más allá de 2050. Una propuesta reciente del consejo de recursos atmosféricos del estado podría canalizar millones de dólares adicionales hacia los productores lecheros como parte de un plan que suavizaría las restricciones a grandes emisores de gases de efecto invernadero.

Contexto

El esquema californiano se inscribe en una discusión global sobre los límites de los mercados de carbono como instrumento de política climática. Investigaciones académicas han señalado reiteradamente que los sistemas de compensación y comercio de emisiones suelen sobreestimar las reducciones efectivamente logradas en el único ámbito relevante, que es la atmósfera.

La cobertura de MIT Technology Review destaca que los legisladores han optado en forma reiterada por arquitecturas complejas de incentivos, que trasladan responsabilidades climáticas entre actores y regiones, en lugar de imponer reducciones directas. El caso del programa lechero ilustra una variante particular del problema, al combinar de manera imprecisa los impactos de distintos gases de efecto invernadero.

La metodología de cálculo aplica un factor único de equivalencia entre metano y dióxido de carbono, sin considerar con suficiente precisión la duración diferenciada del efecto climático de cada gas. Estudios recientes argumentan que esta simplificación contable terminará fijando mayores niveles de calentamiento futuro.

El debate ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la calidad de los créditos de carbono transados en distintos mercados voluntarios y regulados. Iniciativas equivalentes en la Unión Europea, Australia y diversos países de América Latina enfrentan cuestionamientos técnicos similares respecto a la verificabilidad de las reducciones declaradas.

Impacto para empresas chilenas

Chile mantiene desde 2017 un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono y avanza en la consolidación de un mercado de carbono regulado, actualmente en etapa de implementación progresiva. La experiencia californiana resulta pertinente para empresas chilenas que participan o proyectan participar en mercados de carbono, dado que las metodologías contables tienden a replicarse entre jurisdicciones.

El sector lácteo nacional, aunque de menor escala relativa, utiliza tecnologías similares de gestión de residuos y podría verse expuesto a instrumentos análogos en el mediano plazo. Proveedores locales de tecnología de biogás y digestores anaeróbicos, así como los importadores de equipamiento proveniente principalmente de Estados Unidos y Europa, podrían verse afectados por eventuales revisiones regulatorias en los mercados de origen.

Las empresas chilenas que utilizan créditos de carbono para cumplir compromisos climáticos, ya sea a nivel voluntario o regulatorio, deberían incorporar el análisis de las metodologías empleadas por cada esquema. Una compra de créditos sustentada en supuestos cuestionables expone a las compañías a riesgos de reputación y a eventuales ajustes contables.

Para las pequeñas y medianas empresas nacionales, la lección operativa es que los instrumentos de financiamiento climático exigen auditorías técnicas rigurosas. La discusión californiana refuerza la conveniencia de privilegiar reducciones directas de emisiones cuando sea posible, por sobre mecanismos de compensación con cadenas metodológicas complejas.

Qué sigue

La propuesta del consejo de recursos atmosféricos de California deberá atravesar procesos de consulta pública y revisión técnica en los próximos meses, por lo que sus términos finales podrían variar respecto del texto original. Paralelamente, el debate académico sobre la contabilización del metano y la solidez del programa LCFS continuará, con nuevos estudios esperados por parte de investigadores de la Universidad de California y otras instituciones.

La evolución del caso será observada por otras jurisdicciones que operan o diseñan mercados de carbono, incluidas las autoridades chilenas. La consolidación de estándares contables más exigentes para los gases de efecto invernadero podría redefinir el valor de los créditos transados en el mediano plazo.